Gerardo Zamora gobierna Santiago del Estero, desde el año 2005. Fue dos veces gobernador y quiso tener una tercera gestión consecutiva, pero la justicia le dijo que no en 2013. Frente a esta situación, postuló a su mujer quien fue gobernadora y luego, su mujer pasó a ser senadora y el gobernador por tercera vez. Hace 15 años, Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Abdala, gobiernan prácticamente sin oposición una de las provincias más pobres de la Argentina.

Antes de la llegada de Zamora al gobierno, en el año 2003, se conoció que había más de 60.000 niños, de hasta 15 años, en riesgo alimentario, es decir, eran 60.000 niños desnutridos que tenían. En 2014, luego de 9 años de gobierno kirchnerista, el 68% de los santiagueños menores de 18 años eran pobres. Para el 2015, el 50,2% de la población estaba sumida en la pobreza y el 20,8% en la indigencia Es decir, existiendo 455.908 santiagueños pobres, existían 189.337 que estaban, literalmente, pasando hambre.

Cuando Gerardo Zamora asumió como senador en 2016, presentó su declaración jurada y en base a su patrimonio fue el senador más pobre de los tres senadores de Santiago del Estero. En su patrimonio se detalla que, tiene un patrimonio de $882.848 pesos. Es decir que, Zamora con su patrimonio se podría comprar un auto “Fiat Cronos 1.3” modelo 2020 y le sobrarían $48 pesitos, para comprarse un litro de lavandina marca “Ayudín”.

Zamora, también, tiene una casa de 300 metros cuadrados, valuada en $80.000 pesos. Es decir, la casa que declaró Zamora vale mucho menos que los módulos habitacionales que construye actualmente el gobierno. Zamora, también, declaro una moto marca Yamaha por un valor de $274.200. Es decir, casi un millón de pesos menos que el mercado actual.

También declaró una caja de ahorros en pesos, por $226.503,77. El humilde Zamora, declaró que tiene solamente $55.064 en bienes del hogar. Es decir que, Zamora solamente tiene en su casa muebles y electrodomésticos fabricados con cajones de manzanas, ya que no superarían el precio de una laptop Lenovo básica.

La primera vez que Zamora fue implicado en una causa, fue en el caso de Marito Salto, un nene de 11 años que pescaba en una represa de Quimili y luego, desapareció. Lo encontraron golpeado, violado y estrangulado, en el marco de que pareció ser una venganza narco.

El juez que llevaba adelante la investigación, Miguel Moreno, denunció ante el juzgado de Claudio Bonadio que lo apartaron de la causa cuando empezó a acopiar evidencia de una supuesta vinculación de la política con el crimen.

Y llegó a mencionar en su declaración al propio Zamora, quien aparecía presuntamente relacionado a la causa a través de uno de los detenidos, un hombre llamado Rodolfo Sequeira, hoy detenido en Santiago del Estero. El exjuez Moreno también mencionó a Ledesma Abdala como supuesta encubridora del crimen. De hecho, ocurrió durante su mandato, en 2016.

La mujer de Zamora, en 2017 fue denunciada por una abogada de Santiago del Estero llamada Ivana Sánchez por usar el avión sanitario para viajar desde Termas de Río Hondo a Aeroparque. ¿La carátula del expediente?: tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos.

En Tucumán, hay un radical llamado Ariel García. Quién es recordado por ponerle la boina blanca a Manzur y también, en su momento a Alperovich. En 2018, el ex legislador Arial García junto a Zamora, fueron denunciados en la justicia federal por tenencias de drogas con fines comerciales y por lavado de dinero.

Cabe recordar que, un año antes, en 2017 la Dr. Ivana Sánchez, quien estaba presionando para que la causa avance, pidió apartar al juez Guillermo Molinari quien fue denunciado por estar dentro de una causa por narcotráfico, en la que también estaba investigado el matrimonio Zamora. Incluso, el exjuez Bonadio denunció penalmente a todos los implicados, incluso al matrimonio Zamora. Y la causa, fue enmarcada en narcotráfico internacional de estupefacientes.

En respuesta a la Dr. Ivana Sánchez, la esposa de Zamora, la denunció por contar como avanzaba la causa, hasta le exigió un resarcimiento económico de 500 mil pesos. por contar las torturas realizadas por la policía santiagueña hacia los abogados que investigaron la causa de narcotráfico internacional.

En el último año del gobierno de Cristina, se abrió una causa para investigar hechos de corrupción, con el plan de viviendas “Sueños compartidos”, donde las madres de plaza de mayo se dedicaban a construir viviendas.

Y el ilícito, además de haberse robado todo el dinero y haber cobrado por viviendas que nunca se hicieron, se los acusaba por haber contratado a las abuelitas de plaza de mayo para construir esas viviendas sin un llamado a licitación. Ni bien asumió Alberto, dejaron sin efecto la causa y lo sacaron a Zamora de la causa.

Con Cristina, sólo 5 provincias estuvieron en verde, es decir que no estaban fundidas. Con Macri, eran 20 las provincias con sus números en verdes y sin déficit fiscal.

Con Alberto Fernández, Santiago del Estero recibe de coparticipación un 11,8% menos de lo que recibía con Macri. Así es como queda demostrado que a Santiago del Estero, le fue mejor con Macri que con el kirchnerismo de Cristina y el Alberto.

Rodrigo Posse, es diputado provincial de “Juntos por el Cambio” y viene sufriendo la persecución por parte del feudal Gerardo Zamora. Ya que, en dos oportunidades quisieron meterlo preso junto a otros opositores, por la supuesta violación de medidas contra epidemias.

Pero, la denuncia no tiene razón de ser por dos motivos: Primero, porque no se aplica a los funcionarios nacionales y segundo, porque el diputado no incumplió con el protocolo que dicta dicho artículo.

Esta práctica de perseguir y querer apresar opositores tuvo un antecedente hace poco tiempo, más precisamente el 8 de agosto. Donde un ex intendente opositor, de la localidad de La Banda, había concurrido a retirar a su pequeño hijo de la casa de un familiar cuando fue abordado por la policía y fue apresado. Dos horas más tarde fue liberado.

Debido a que el hecho fue denunciado por los diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Rodrigo Posse y Leticia Vittar, en el marco de presión ilegal, como sucedía en la dictadura o como sucede actualmente en Venezuela.