LEY ALBERTA I PARA EL ABORTO

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Aproximadamente 970 millones de mujeres, que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva, viven en países que permiten ampliamente el aborto. El 41% de las mujeres vive bajo leyes restrictivas. Según la Organización Mundial de la Salud, 23.000 mujeres mueren por abortos inseguros cada año y decenas de miles más experimentan importantes complicaciones de salud.

También, se estima que actualmente se realizan entre 40 y 50 millones de abortos anualmente en todo el mundo, lo que equivale a unos 125.000 por día. Pero, entre 2010 y 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos, un 45% del total de los abortos registrados y el 97% de esos abortos peligrosos se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina. En Argentina, desde 1983 al 2018, murieron 3030 mujeres por abortos inseguros.

Las millones de mujeres que han caído en la trampa del aborto. Sólo en España son más de 800.000 las mujeres que han abortado desde que se despenalizó el aborto en 1985, y casi todas ellas -por no decir todas-, tarde o temprano – están sufriendo o sufrirán lo que se conoce ya como “Síndrome Post-aborto” Todos miran para otro lado mientras que las mujeres se vuelven locas: 64% de ellas ingresaron en hospitales psiquiátricos tras su aborto, según un estudio de la Universidad de Baltimore, USA, en 1984; “el 59% sufren trastornos psiquiátricos graves y permanentes tras el aborto”.

La Real Academia de Obstetricia de Inglaterra ha informado que las probabilidades de problemas psiquiátricos graves y permanentes después de un aborto pueden alcanzar hasta el 59% de las madres. Algunos de los síntomas más frecuentes son ansiedad, conducta agresiva, pesadillas, pensamientos o actos suicidas, bulimia, anorexia, abuso de alcohol y drogas y ruptura de relaciones de pareja.

El 50% de los abortos corresponden a mujeres que repiten esa práctica más de una vez.

El 60% de las mujeres que abortan terminan presentando después tendencia suicida.

El aborto acrecienta la probabilidad de contraer cáncer de pecho en un 50%.

Inevitablemente el Estado argentino se va a agrandar de una forma sin precedentes, ya que van a crear secretarias nuevas, ministerios, delegaciones, fundaciones, ONG, asociaciones civiles y todo tipo de herramientas estatales, para poder contener a las mujeres que tengan enfermedades, trastornos y secuelas producidas por el aborto. No tan solo vamos a tener que gastar sumas multi-millonarias para reglamentar la ley de aborto, sino también, todos efectos secundarios de forma directa o indirectas, producidos por la maquina de asesinar al niño por nacer.

El Negocio no termina ahí, sino que también se venden los fetos , tejidos o partes a las industrias farmacéuticas , laboratorios y otros menesteres como células madres. Las estimaciones más gruesas sobre el aborto clandestino en nuestro país estiman un negocio de 1.500 millones de pesos argentinos (unos 61 millones de dólares) Y haciendo una proyección, nuestro país de ser legal el aborto, se convertiría en un mercado de 5.500 millones de pesos (unos 226 millones de dólares) por el aborto legal, un negocio mucho mayor que el del aborto clandestino. Esa es la razón de la legalización.

IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar) es una organización presente en 152 países que nuclea a la mayor red de instituciones y clínicas de abortos del mundo. Tiene su sede en Londres y maneja anualmente según sus propios informes 123 millones de dólares. Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos de EEUU, es uno de los principales socios de IPPF.

Luego de que se haya probado en distintos países, que los políticos eran financiados por Lobby Abortero, en 2018, Mara Brawer, fue una de las principales referentes y promotoras de la Ley IVE; ese mismo año, a la exdiputada se le conoció que a fines de 2017 tenía una cuenta con USD$ 54.395,15 y declaró al año siguiente en la misma cuenta un total de USD$ 169,540.67.

Estas son las cifras que recibieron asociaciones civiles, ONG y Fundaciones, para realizar el lobby abortero en Argentina.

FUSA recibió unos USD$3.335.626

Católicas por el Derecho a decidir, recibió USD$1.194.015

CEDES, recibió 190.202

Asociación Civil Pro Amnistía, recibió USD$99.850

Fundación Huésped, recibió USD$84.000

Fondo de mujeres del sur, recibió USD$75.000

Universidad de Palermo, recibió USD$44.100

CELS, recibió USD$32.500

FEIM Argentina, recibió USD$23.150

Centro de estudios sociales y políticos, recibió USD$5.167

El articulo 2, establece que cualquier mujer debe Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a las razones que especifica esta ley.

El artículo 4 del proyecto de legalización del aborto, establece que esta práctica se podrá realizar “hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional.

También, que En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida. Es decir, si es menor de edad puede abortar pero no votar. Y si quiere abortar, no es necesario el consentimiento de sus padres o representantes legales. O sea, los menores tienen la decisión de abortar por encima de la constitución, ya que la ley específica que el menor de edad cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica abortiva.

En el articulo 10, establece que ningún miembro del sistema de salud, no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. Es decir que, los médicos, jamás podrán negarse a practicar un aborto, incluso pasando por arriba de la ley de ética profesional con la cual juraron ejercer su profesión. Y si se niegan a practicar un aborto tendrán lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda

En el articulo 11, se establece que todas las obras sociales, agentes y organizaciones que brinden servicio médico, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo

En su artículo 14, propone crear un nuevo delito que amenaza a los profesionales de la salud con pena de prisión de tres meses a un año para quien dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto.

Articulo 15, no será delito el aborto realizado hasta la semana 14.

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