Cada tanto, Tucumán siempre es noticia a nivel nacional por algún hecho desafortunado. Conviene repasar algunas de las temáticas que se convirtieron en debate a nivel país en los últimos años: Caso Barbarita (niña que confesó en televisión no haber comido nada en días, año 2001), asesinato de Paulina Lebbos (joven asesinada en 2006, en cuyo crimen hubo participación del poder gubernamental), quema de urnas y disturbios en la elección provincial de 2015 (hechos que generaron una enorme reacción social ante la posibilidad concreta de fraude electoral por parte del oficialismo de turno), represión policial contra parte de la ciudadanía que se manifestó en contra de las graves irregularidades ocurridas en las elecciones de 2015, etc. Y la lista podría seguir indefinidamente.

En los últimos días, la provincia fue noticia nuevamente por tres acontecimientos tremendos: muertes de dos niñas, de 2 y 9 años, ambas llamadas Abigail, y el posterior linchamiento y muerte del acusado de haber asesinado a una de ellas, a manos de vecinos furiosos.  Pero, antes de eso, la realidad provincial también habia estado en el centro de la escena con la desaparición y muerte de Luis Espinoza, crimen perpetrado por la propia Policía tucumana. Es decir, se trató de un desaparecido en democracia. No obstante, esos antecedentes espeluznantes no fueron los únicos que tuvieron lugar en 2020, en la “Cuna de la Independencia”.  A todo eso, hay que sumar 90 homicidios más en los 10 meses que han transcurrido del año. Las victimas mortales fueron variadas: sacerdotes, menores, empresarios/as, trabajadores, productores agropecuarios y ciudadanos/as de a pie. Decenas de familias quedaron destruidas. Y el Estado provincial mostrándose impotente de reaccionar.  Como siempre.

Todo esto abrió un debate social: ¿Qué pasa en Tucumán? Sin embargo, ese interrogante es harto conocido  e inútil. Cada tanto se abre, cuando ocurre alguna desgracia, y nunca se llegan a conclusiones relevantes, porque jamás se tratan las verdaderas razones que han originado la decadencia de la provincia. La principal razón de la destrucción tucumana es una sola: el peronismo. ¿Le parece una afirmación tendenciosa? Preste atención a los siguientes datos objetivos, información que no está teñida por ningún sesgo ideológico.  Lo que la vuelve irrefutable, innegable.

Desde el regreso de la democracia, Tucumán ha tenido siete gobernadores hasta el presente. También, contó con un proceso de intervención federal que llevó adelante Julio Cesar Aráoz, durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem. El cordobés estuvo al frente de la provincia desde el 18/01/1991 al 29/10/1991, luego de la salida de José Domato.  La lista de mandatarios, a partir de 1983, se compone de la siguiente manera: Pedro Fernando Riera (10/12/1983 – 10/12/1987); José Domato (10/12/1987 – 18/01/1991); Ramón Bautista Ortega (29/10/1991 – 29/10/1995); Antonio Domingo Bussi (29/10/1995 – 29/10/1999); Julio Miranda (29/10/1999 – 29/10/2003); José Jorge Alperovich (29/10/2003 – 29/10/2015) y Juan Luis Manzur (29/10/2015 – hasta la actualidad, con mandato limite en 2023).

La información expuesta permite sacar un par de conclusiones importantes. La primera de ellas marca la predominancia política de una sola fuerza en la provincia, casi, de manera absoluta. De los siete mandatarios, solo uno de ellos (Bussi) perteneció a una fuerza política (Fuerza Republicana) diferente al PJ. Incluso, el Interventor Federal (Aráoz) también fue dirigente del Justicialismo. Otro dato extra que servirá para contextualizar la influencia peronista en Tucumán: durante los últimos 37 años (1983 – 2020), el peronismo siempre tuvo mayoría legislativa y, además, ubicó a la mayor parte de los magistrados que integran el Poder Judicial. Es decir, tuvo amplia influencia sobre los tres poderes del Estado provincial. ¿Le siguen pareciendo argumentos “tendenciosos”,  política e ideológicamente?

Tercer dato relevante: extensión temporal en el ejercicio del poder. Sacando la gestión Bussista (1.462 días) y la intervención federal (285 días), el peronismo gobernó, de forma no consecutiva, un total de 11.279 jornadas. El detalle de la duración de cada periodo seria el siguiente: entre la gobernación de Riera y Domato hubo 2.940 días; luego de la intervención de Aráoz, llegó “Palito” Ortega (1.462 días) y, por último, después de la gestión de Bussi se desarrolló una etapa consecutiva de seis gobernaciones peronistas – Miranda, Alperovich  (x3) y Manzur (x2) – con una extensión de 6.877 jornadas. A Juan Manzur le restan 1.065 días de mandato. Y es bastante probable que en 2023, con él u otro dirigente, el PJ siga manejando los tres Poderes del Estado. Como lo hizo siempre en 33 de los últimos 37 años.

Además de su predominancia política, el peronismo supo ejercer una profunda influencia ideológica y cultural en la sociedad local. Gran parte de los ciudadanos, sean o no peronistas, piensan y reflexionan de una manera conveniente a los intereses del PJ. Una muestra de ello es lo siguiente: la culpa de todo lo malo que ocurre en la provincia es de la oposición – sobre todo de aquella que nunca gobernó – y, al mismo tiempo,  nunca se cargan las responsabilidades en las autoridades que poseen funciones ejecutivas. Esa lógica idiota, que ha trascendido el tiempo y ha influenciado a varias generaciones de tucumanos, es una de las razones que explica porque el peronismo siempre se impone electoralmente en dicho territorio provincial. Algo que se encuadra dentro del refrán popular que señala: “Más vale malo conocido que bueno por conocer”. Un ejemplo de naturalización ideológica que impide el cambio.

Luego de ocurrido el linchamiento y muerte del violador que mató a Abigail, Juan Manzur mostró la misma inutilidad de siempre para ejercer su cargo: mantuvo en su puesto a Claudio Maley, Ministro de (in) Seguridad que no da pie con bola desde fines de 2017, cuando fue anunciado en su puesto. Es decir, la creciente ola de decadencia provincial no ha generado ningún costo político al gobierno, simplemente, porque el gobernador así lo quiso. Manzur es un dirigente rápido de reflejos para costear un costoso asado para Alberto Fernández (1.000 kg de chorizo, 2.000 kg de vacío y 10.000 empanadas), como ocurrió en la campaña presidencial de 2019; pero desinteresado en gestionar en favor de la población tucumana. Y eso tiene una clara razón de ser: sabe perfectamente que nunca perderá su poder en las urnas, ni será investigado por la justicia provincial y, menos aún, acosado por la legislatura. En resumen: la decadencia provincial es coherente con la calidad de funcionarios que se han votado en las últimas décadas. La sociedad tucumana tiene la clase dirigencial que le corresponde. Futuro sombrío.