Rubén Rivas es un perseguido político por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Rubén, estuvo más de 7 meses detenido injustamente por la difusión de un audio de WhatsApp.
Cabe recordar que el Diputado Nacional Rubén Manzi, de la Coalición Cívica, presentó un segundo informe (ya había presentado uno el año pasado) donde se denuncian hechos de abusos y violencia institucional en provincias del NOA. Este informe se suma a uno presentado meses atrás por el diputado Fernando Iglesias, donde se detallan casi 200 casos de violencia institucional sobre ciudadanos, todo bajo pretexto de controlar el tránsito comunitario durante la pandemia. En el informe de Manzi encontraremos 5 muertes, 50 casos de tortura, 97 de lesiones graves, 69 de persecución, 52 de hostigamiento y 49 de represión, ocurridas en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, La Rioja y Jujuy.
En Santiago del Estero, encontramos el caso de Mauro Ezequiel Coronel, que fue detenido en la Comisaría 10ª de la capital provincial, donde supuestamente fue torturado, para luego llevarlo al liceo policial, antes de trasladarlo al Hospital Regional de la ciudad, donde murió dos días después. Y también el caso de Franco Nicolás Isorni, quien fue hallado muerto el 26 de agosto del 2020 tras una persecución policial disfrazada de accidente de tránsito, con algunos detalles escabrosos sobre violencia y complicidad institucional para cubrir el delito.
Una situación inverosímil fue la vivida por Erika Peñaloza Luque, una niña de 10 años detenida en la localidad de Brea Pozo, provincia de Santiago del Estero, el 7 de enero pasado. La mamá, Evangelina Luque, relata en el informe del diputado Manzi que fue “detenida por orden del jefe de la seccional, Adrián Argañaraz, por no usar tapaboca. Yo la miré a mi nena cuando llegué a la comisaría y la vi destrozada, llorando desesperada… se hizo pis encima”. La madre lo relata sin poder creer que haya visto a su nena de 10 años detenida en la comisaría del pueblo.
Vale detenerse en el caso de Franco Isorni, en Santiago del Estero, porque reúne todos los condimentos denunciados en el informe: abuso policial, violencia institucional con encubrimiento de la fuerza y la justicia. La muerte de Isorni fue notificada como un accidente de tránsito producido cuando viajaba en su moto. “Enterré a mi hijo creyendo que había muerto en un accidente, pero me enteré de que lo había matado la Policía”, relata su madre, Patricia Carolina Isorni en el informe de Manzi. Las sospechas de la mamá de Franco se vinculan con hechos sucedidos tres meses antes, cuando fue detenido y golpeado por la policía. El joven denunció el hecho y la policía comenzó a perseguirlo, hasta que, según la denuncia, hicieron pasar un asesinato por un accidente de tránsito.
Actualmente, en Santiago del Estero no se respetan los Derechos Humanos, hay infinidad de denuncias contra el gobierno de Gerardo Zamora por detenciones ilegales o “Privación ilegitima de la libertad” como en la última dictadura Argentina. Ya que, se limita la libertad de expresión a quienes se postulan como opositores, o a quienes, no siéndolo, no coinciden con algunas medidas. Las publicaciones en redes sociales son vigiladas por agentes del Estado, quienes toman la decisión de dejar sin empleo a quienes den una opinión negativa sobre gobierno, también accionan con arrestos discrecionales, amenazas y advertencias. Es así como se produce el abusos de poder y procedimientos fuera del alcance de la ley en las tierras de Zamora, traspasando los límites establecidos en los marcos constitucionales.