El diputado Nacional de Catamarca, Rubén Manzi, hizo un informe sobre Derechos Humanos del NOA. En su informe se observó que Santiago del Estero es una de las provincias con mayores problemas de violencia institucional. Si bien este informe está delimitado al contexto de pandemia, periódicamente se registran muertes provocadas bajo la responsabilidad del Estado y muy pocas de ellas tienen repercusión mediática.
Según el informe, Santiago del Estero tiene una cultura política que históricamente se constituyó como represiva. En los últimos años, según el testimonio de algunas de las personas entrevistadas, se acrecentaron las condiciones para la violencia. A su vez, es el Estado es el que posee el deber de terminar con las detenciones y castigo a quienes piensan diferente. Ya que el único sistema de gobierno que no acepta la disidencia, son las dictaduras y Argentina ya tuvo sus nefastas experiencias con los gobiernos de facto y autoritarios, que lo único que hicieron fue sembrar muertes y desapariciones.
En este contexto de aislamiento obligatorio, se realizaron múltiples acciones que pusieron en riesgo los derechos y garantías inherentes a toda persona. Los delitos cometidos por la fuerza de seguridad de la provincia van desde el abuso de autoridad, abuso de armas, violación a los deberes de funcionario público, amenazas, hostigamientos, falsas denuncias, lesiones leves y graves, hasta desaparición temporaria de persona, torturas y tratos crueles e inhumanos. Los destinatarios de las formas más graves de violencia institucional suelen ser personas en situación de vulnerabilidad.
El peronismo y el kirchnerismo han construido su poder y relato con su slogan “Protegemos a los pobres”, es importante resaltar que hay una tendencia general en que las víctimas de muertes y torturas en Santiago del Estero provienen de las clases vulneradas, pobres. Es decir, quienes aman y cuidan a los pobres, son los mismos que los desaparecen y son víctimas de muerte.
¿Cómo funcionan las detenciones del feudo de Zamora? Estás se hacen a través de los controles callejeros, detenciones sin orden judicial. Estas prácticas, en esos segmentos poblacionales, se extienden como formas de gobierno. En este sentido este mecanismo de detención se traduce en persecución policial, acompañada por acciones de Ciberpatrullaje.
Asimismo, se limita la libertad de expresión a quienes se postulan como opositores, o a quienes, no siéndolo, no coinciden con algunas medidas. Las publicaciones en redes sociales son vigiladas por agentes del Estado, quienes toman la decisión de dejar sin empleo a quienes den una opinión negativa sobre gobierno, también accionan con arrestos discrecionales, amenazas y advertencias. Es así como se produce el abusos de poder y procedimientos fuera del alcance de la ley en las tierras de Zamora, traspasando los límites establecidos en los marcos constitucionales.
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