Interrogante inicial: ¿sería correcto que un presidente argentino, a cargo del Poder Ejecutivo, se encargue personalmente de encarcelar a políticos corruptos? No importa el nombre, su historia personal ni el partido político al cual pertenezca; solo se necesita pensar en lo apropiado, o no, del accionar expuesto en la pregunta. Antes de arribar a una posible respuesta, resulta pertinente plantear dos escenarios posibles. En el primero de ellos, podría establecerse una clara influencia presidencial sobre el Poder Judicial, volviéndolo adicto a sus intereses políticos, buscando llevar a la cárcel a otros actores de la vida política, supuestamente, bajo acusaciones de corrupción. En el segundo escenario podría plantearse una realidad diferente a la anterior: un mandatario utilizando todas las herramientas y recursos constitucionales que posee a su favor, según los límites que le impone su cargo, para lograr que la justicia trabaje de manera independiente, eficiente y transparente. ¿Con cuál de los dos escenarios se sentiría más cómodo/a Ud., señor/a lector/a?

La elección de una u otra opción desembocará en realidades distintas entre sí. El primer panorama, mostraría un ámbito dominado por la incertidumbre, debido a que cuando un mandatario decide inmiscuirse en cuestiones que no le son competentes a su función, abre una etapa de grandes dudas con relación a continuidad de la vida democrática y republicana. Una situación así, podría poner en peligro la División de Poderes. El segundo ámbito seria menos complejo, pues, se estaría en presencia de un proceder presidencial enmarcado dentro de parámetros constitucionales y normativas democráticas socialmente aceptadas.

La Republica Argentina posee un sistema político caracterizado por una democracia representativa, republicana y federal, lo que a su vez está regulado por una Constitución. Políticamente, es su carácter federal lo que establece dos estructuras de gobierno que funcionan de forma paralela: por un lado, una organización nacional (compuesta por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y, por otro lado, las 23 provincias que poseen sus respectivos gobiernos, los cuales también se dividen en tres poderes como los antes mencionados. Con respecto a la División de Poderes, sean estos nacionales o provinciales, los mismos tienen – teóricamente – las siguientes características: son distintos, autónomos e independientes entre sí. Claro está que, como se ha visto en las últimas décadas, en la práctica concreta no siempre se aplica lo expuesto en este párrafo. Y se sabe bien porque ha sucedido eso.

Desde hace un tiempo, se observa en redes sociales – sobre todo, en Twitter – cuentas identificadas con el liberalismo argentino que exponen constantemente una crítica curiosa hacia la gestión presidencial de Cambiemos. Puntualmente, se señala que uno de sus “grandes errores” presidenciales fue no haber encarcelado a Cristina Fernández de Kirchner, entre los años 2015 a 2019. Ello dispara dos preguntas obligadas: ¿Realmente, era función de aquel ejecutivo asegurarle la cárcel a la actual vicepresidenta? ¿O, tal vez, será que lo que le correspondía haber hecho era purgar al Poder Judicial de jueces y fiscales afines al kirchnerismo, mediante los mecanismos constitucionales habilitados para tal fin? Ambas cuestiones, son diametralmente distintas.

Ciertamente, Mauricio Macri va convirtiéndose en el nuevo Fernando De La Rúa de estos tiempos, aquel sobre quien se posan cuestionamientos diversos por los errores cometidos durante su presidencia; al mismo tiempo que también se le endilgan los yerros ajenos. Poco a poco, el rol de chivo emisario le va calzando perfectamente, de acuerdo a los deseos e intereses de sus adversarios políticos. Tema que, oportunamente, será desarrollado en un futuro editorial. A ciencia cierta, las críticas lanzadas desde sectores liberales sobre el tema planteado son incorrectas, por varios motivos. Principalmente, porque si Macri hubiese tomado la decisión de impartir justicia hubiese estado generando graves daños a la vida democrática y republicana del país. Contrariamente, de haber elegido la opción institucional de purgar al Poder Judicial para lograr el fin expuesto, tampoco lo hubiese conseguido por no haber tenido mayoría parlamentaria. Es decir, dicha crítica puntual es improcedente desde todo punto de vista.

Personalmente, veo con cierta preocupación que haya un sector Liberal que se muestre abiertamente cercano al peronismo y sus prácticas, pasadas y actuales. Muchos exponentes liberales recuerdan con nostalgia los tiempos menemistas, caracterizados por la convertibilidad cambiaria entre el peso nacional y el dólar estadounidense. Sin embargo, dentro de esas añoranzas, se omiten temáticas preocupantes como la corrupción política, atentados terroristas, lazos con el narcotráfico y la profundización de la pobreza estructural en país. Aspectos característicos de la década del ’90, tanto o más que aquel recordado uno a uno.

Puesta en contexto, la crítica liberal hacia el gobierno anterior por no haber encarcelado a Cristina Fernández de Kirchner, genera intriga. ¿Sera que reivindican viejas prácticas impulsadas por anteriores gobiernos peronistas? A saber: el menemismo tuvo su mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el kirchnerismo creó a Justicia Legitima, un cuerpo de jueces y fiscales militantes que tienen la función de alivianar las causas que persiguen a funcionarios K. ¿Sera que, según el entendimiento de ciertos referentes liberales, a Cambiemos le faltó hacer lo mismo? ¿Acaso, parte del liberalismo acepta y reivindica prácticas políticas como estas, dentro de una gestión gubernamental? 

Los acercamientos ideológicos del liberalismo hacia el peronismo, por parte de algunos de sus referentes y militantes, son un tanto preocupantes. Dichas aproximaciones resultan contradictorias con los deseos liberales explícitos de generar modificaciones políticas, económicas y culturales en la sociedad argentina. Pretensiones de cambios que motivan su fuerte decisión de intervenir en el escenario político nacional. Si de verdad el deseo Liberal es generar transformaciones productivas para el futuro del país, resulta imprescindible interrogarse sobre lo siguiente: ¿Cómo podría lograrse eso al validarse actores y prácticas nocivas que han generado la mayor parte de los padecimientos que viene sufriendo la República Argentina? Solamente ellos podrán expresar una respuesta a dicho planteamiento.